Condenados un alumno y una ikastola por acoso «grave» y continuado0

1975 02/03/2005, 10:23    Diario-Vasco.-A.-MORAZA/Victoria   #Salut laboral,

El juez de Menores impone al joven tres meses de tareas socio-educativas El centro de enseñanza deberá indemnizar a los padres de la niña con 12.000 euros por «daños morales»

Los juzgados de Menores y de Primera Instancia número 2 de Vitoria han condenado, respectivamente, a un alumno de la ikastola Olabide y al propio centro, uno de los más importantes de la capital alavesa, por el acoso «grave» y «continuado» que sufrió durante meses una alumna de 13 años en el curso 2001-2002. Es la primera vez en el País vasco que trasciende una sentencia condenatoria por bullying, término que designa los fenómenos de violencia en el ámbito escolar.

Las agresiones físicas, psíquicas y sexuales que sufrió la chica partieron de una decena de compañeros de clase. La Fiscalía de Menores acabó acusando tan sólo al que consideró cabecilla del grupo, a quien finalmente el juez impuso una pena de tres meses de tareas socioeducativas. Por su parte, la ikastola deberá indemnizar con 12.000 euros a la familia de la víctima por «daños morales». El magistrado ha considerado que hubo «una cierta descoordinación» en el centro a la hora de reaccionar «ante una denuncia que desde el primer momento revestía una relevante gravedad».

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2001 y junio de 2002, según la sentencia del Juzgado de Menores a la que ha tenido acceso DV. El escenario, el aula de uno de los grupos de segundo curso de ESO de la ikastola, un centro privado que funciona en régimen de cooperativa de padres.

Los acosadores aprovechaban la ausencia de los profesores en los cambios de clase para vejar a la niña. El fallo señala que el condenado, que entonces tenía 14 años, y otros compañeros de aula «ultrajaron a la menor, escupiéndola, golpeándola y tocándola en los pechos, nalgas y genitales».

El relato de los hechos que realiza el juez resulta escalofriante. Uno de los chicos vigilaba «por si llegaba algún profesor», mientras los demás «se arrojaban sobre la menor en grupos, tocándola por todas partes del cuerpo e, incluso, intentándolo bajo la ropa», detalla la sentencia. Además, el acusado y al menos otro de sus compañeros insultaban a la víctima con expresiones como «puta» o «zorra». En varias ocasiones «alguno le taparon los ojos, haciendo la situación más vejatoria».

Se lo dijo a la tutora

La menor hacía todo lo posible para defenderse del acoso, sin éxito. La resolución detalla que «llegó a llevar puestas varias prendas de vestir» y a colgarse la mochila en clase para «protegerse».

Los compañeros de aula de la víctima y de los agresores -el grupo lo formaban 32 alumnos- eran testigos de la situación. Sin embargo, según el juez, «no trataron de auxiliarla en ningún momento».

El adolescente imputado amenazó a la menor con «rajarla» si contaba lo ocurrido, al tiempo que le demostraba su «desprecio» con frases como «no es que me guste, pero sé que te jode». En junio de 2002, llegó a «cogerla del cuello en un pasillo» mientras le preguntaba «si se iba a chivar».

La víctima sí había denunciado seis meses antes a la tutora del curso el comportamiento de sus compañeros. Así lo admitió la educadora en el juicio civil contra la ikastola, y detalló que se limitó a «hablar con la madre» del alumno que después fue acusado del acoso y a «dar una charla» en clase sobre «el respeto mutuo».

El juez que analizó la actitud del centro confirma en su resolución que la tutora -una profesora de gimnasia- no puso los hechos en conocimiento de los padres de la agredida. Éstos sólo se enteraron de la dura experiencia que vivía su hija desde hace meses el 4 de junio de 2002, cuando la madre, que acudió a la ikastola a llevar a la chica un trabajo que había olvidado en casa, la encontró llorando en un pasillo. Pidió explicaciones a la educadora y se llevó a la niña a casa. Hasta fin de curso, la acompañó al centro cada día y seguía atenta en el pasillo para evitar nuevas agresiones.

Diez expulsados

Los responsables de Olabide abrieron entonces expedientes sancionadores contra los alumnos implicados. Dos fueron expulsados definitivamente del centro y otros ocho, de forma temporal.

Además, la familia de la escolar denunció los hechos ante la Fiscalía de Menores el 3 de julio de 2002. De los siete chicos que podían ser juzgados por tener más de 14 años, el fiscal sólo formuló cargos contra uno. El instructor archivó las diligencias de los otros seis porque el equipo técnico del juzgado estimó que ya habían recibido suficiente reproche penal.

En su veredicto contra el centro, el juez enmienda la plana al inspector del Departamento de Educación, quien calificó de «banal» el comportamiento de los acosadores. Por su parte, la consejera Anjeles Iztueta omitió toda referencia al caso en su comparecencia parlamentaria de octubre, tras el suicidio del joven Jokin en Hondarribia. La dirección de Olabide ha decidido recurrir por entender que «el centro no es responsable del daño moral».

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