Su hijo le dijo quiénes eran sus agresores antes de suicidarse0

637 28/04/2005, 08:50       #Salut laboral,

El juicio contra los ocho menores que presuntamente acosaron a Jokin C.L., el joven que se suicidó el pasado mes de septiembre en Hondarribia, quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de menores de San Sebastián después de que la fiscalía, la acusación particular y la defensa mantuvieran sus peticiones iniciales.

En la segunda y última jornada del juicio, celebrado al igual que el lunes a puerta cerrada, también prestó declaración la madre de Jokin, quien el lunes excusó su presencia por prescipción médica. La madre del joven aseguró que la víspera de que el adolescente se quitara la vida vio que tenía hematomas y le reconoció que los ochos imputados "eran sus agresores", según fuentes de la acusación particular que cita Europa Press. Las mismas fuentes explicaron que el joven fallecido dijo a su madre que tres de los hoy acusados le habían agredido, y le confirmó la identidad de los otros cinco a preguntas de ella, a quien "le había llegado esa información desde dentro del centro".

Por su parte, una de las menores declaró que uno de los imputados le envió mensajes "reconociendo que había habido agresiones" contra Jokin y que "él mismo era uno de los agresores", además de "citar a tres o cuatro nombres más de los propios imputados".

Finalmente, la psicóloga del juzgado presentó el informe sobre los ochos imputados, en el que se indica que todos pertenecen a "familias estucturadas" y que tienen un entorno familiar "normal", por lo que recomienda que las condenas sean de "libertad vigilada".

Estas condiciones añaden, a juicio del abogado de la acusación particular, Ignacio Tejada, "un plus de responsabilidad a las actuaciones" de los imputados y hacen "más inexplicabe su actuación". Por ello, mantuvo la imputación a los ocho menores de delitos de inducción al suicidio, maltrato habitual y lesiones psicológicas, así como de una falta de lesiones. Pidió que cada uno de los menores fuera condenado a penas que suman cuatro años y cinco meses de internamiento. Además, solicitó que cumplan 20 días de trabajos comunitarios.

Asimismo, les imputó un delito de inducción al suicidio porque, según la ley, cuando "uno coloca a otro en una situación de riesgo es responsable de las consecuencias que se produzcan, aun cuando las consecuencias no hayan sido previamente previstas o planeadas por el inductor".

El fiscal también reiteró su petición inicial y acusó a los jóvenes de un delito contra la integridad moral y de una falta de lesiones. Para cuatro de ellos pidió 15 meses de libertad vigilada y 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Para otros tres reclamó nueve meses de libertad vigilada y 40 horas de trabajos, y para la única chica tareas socioeducativas.

El abogado de los imputados, además, pidió la nulidad de las declaraciones prestadas por una quincena de menores como testigos protegidos. El letrado, Patxi Rezola, argumentó que los citados testigos, alumnos del instituto al que acudía Jokin, "no deben ser tenidos en consideración en ningún caso por haberse tomado su declaración en su día con una protección facilitada por la Ertzaintza, cuando sólo la puede facilitar la juez de menores".

Asimismo, solicitó la absolución argumentando que los delitos de inducción al suicidio y de lesiones psíquicas "resultan de imposible aplicación por razones estrictamente jurídicas". El letrado reconoció que sí había habido "conductas inadecuadas" por parte de sus clientes, pero "no constitutivas de un trato degradante". Afirmó que ello "puede ser constitutivo de una falta de vejación", pero defendió que "bastante pena" es que hayan sido expulsados durante todo el curso escolar, que algunos se hayan abandonado Hondarribia, y el haber pasado por "un proceso de semejante trascendencia como éste".


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