Nivel C en la universidad0

Lectures (690) 05/05/2005, 08:57  |  La-Vanguardia.-FRANCESC-DE-CARRERAS

El Consell Interuniversitari de Catalunya, presidido por el conseller del ramo e integrado, entre otros miembros, por todos los rectores de las universidades catalanas, ha tomado por unanimidad el acuerdo de exigir el nivel C de conocimiento del catalán a quienes pretendan acceder a una plaza de profesor funcionario o a un contrato con carácter fijo. Un decreto de la Generalitat debe concretar este acuerdo.

En política lingüística, el Gobierno tripartito es continuador de los anteriores, pero añade, en la práctica, un mayor grado de intransigencia. Todo ello pese a que Maragall se las daba de cosmopolita, Carod de catalanista cívico y Saura aseguraba en privado que no era nacionalista para nada. Menos mal. Porque lo cierto es que en el año 2004 las sanciones a los comercios por razones lingüísticas se han multiplicado por cinco respecto al año anterior, las inspecciones por cuatro y se han abierto 156 expedientes sancionadores con multas que alcanzan los 52.800 euros. Aún me acuerdo de cuando los socialistas decían no ser partidarios de las sanciones.

Según el conseller Huguet, en los primeros meses de este año la actividad sancionadora se ha intensificado, debido especialmente a las denuncias que efectúan los ciudadanos respecto de otros ciudadanos, se supone que utilizando las nuevas oficinas de garantías lingüísticas que el actual Gobierno ha establecido para que estas formas de delación tuvieran efecto. Mientras, las oficinas públicas de la Generalitat y de los ayuntamientos vulneran la ley de política lingüística al carecer de documentación en castellano para atender a quienes la soliciten, sin que ello ocasione sanciones, ni nadie tome medida alguna para hacer cumplir la ley.

El espíritu coactivo de la política lingüística se acentúa, pues, pese a reconocer sus fracasos. Sin ir más lejos, la consellera Cid declaraba la semana pasada que en el año 2000 un 59,5% de los jóvenes de entre 15 y 19 años consideraba que su primera lengua era el catalán, mientras que en el año 2004 se había retrocedido al 54,1%. Es sólo un dato. Pero coincide con otros del mismo signo desde hace muchos años: el conocimiento del catalán aumenta y su uso social se estanca o retrocede. ¿No deberían comprender nuestros gobernantes que el error es suyo, que la actual política basada en la coacción debería cambiarse por basada en la libre voluntad?

Pues bien, siguiendo con este espíritu inquisitorial, ahora le toca el turno a la universidad. Hasta hoy la situación era razonable. El artículo 22.1 de la ley de Política Lingüística expresa con claridad los derechos de profesores y alumnos: "En los centros de enseñanza superior y universitaria, el profesorado y el alumnado tienen el derecho de expresarse en cada caso, oralmente o por escrito, en la lengua oficial que prefieran". Se trata, por tanto, de una regulación basada en el principio de libre opción lingüística, en definitiva, en una política bilingüista. Con esta política, además, se han evitado problemas de convivencia y no se han puesto barreras -aunque sean de tipo psicológico- a la incorporación de profesores provenientes de universidades de fuera de Catalunya.

Pero la exigencia del nivel Cpuede acabar con esta situación. Este nivel, como se sabe, implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y de su sintaxis: es el que se reconoce después de estudiar todos los grados de enseñanza primaria y secundaria. Por tanto, requiere conocer a fondo, dominar, en todas sus facetas, el catalán. La exigencia de nivel C crea, así, dos tipos de problemas: uno jurídico y otro académico.

El problema jurídico se plantea por la ilegalidad de una medida que establece una exigencia limitativa de derechos notoriamente inadecuada.Como hemos visto, el art. 22.1 otorga a los profesores el derecho a hablar en la lengua que escojan y el deber de comprender a quienes se expresen en la otra lengua oficial. La ley de universidades catalana no añade más derechos ni deberes. Es obvio que el nivel C excede con mucho este deber de simple comprensión, que es el único exigible y, por tanto, en el caso de que el acuerdo se convierta en decreto nos hallaríamos ante una norma ilegal y arbitraria por ser desproporcionada con las finalidades que la ley persigue.

Naturalmente, el problema académico tiene una importancia mayor. Una condición como la que se ha aprobado tiene unos evidentes efectos disuasorios respecto a muchos profesores, de España y del extranjero que, aunque desconozcan de entrada el catalán, les es fácil llegar a entenderlo, pero no están dispuestos a hacer el esfuerzo de dominarlo perfectamente. Tengo muchas dudas sobre si los rectores de universidad que tan alegremente han tomado la medida aprobarían una prueba de nivel C de conocimiento del catalán. Pero unos pueden ser rectores y otros no pueden ser profesores.

Hay que entender, pues, que muchos docentes que desearían pasar, por lo menos, unos años de su vida profesional en Catalunya prefieran escoger otras universidades que no les planteen tantas y tan desproporcionadas exigencias. Se trata, por tanto, de una medida proteccionista y autárquica, empobrecedora de la universidad y del país, de la cual estarán a favor muchos mediocres profesores catalanes a quienes, lógicamente, les asusta competir más allá del pequeño ámbito que por sus relaciones personales dominan y que, además, pone en duda el rigor académico y el sentido común de quienes la han aprobado.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB


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