Del Foro por la "Connivencia" y otras fantasías demagógicas0

Lectures (756) 14/02/2006, 11:27  |  APIA.-Asociación-de-Profesores-de-Instituto-de-Andalucía  |  Etiquetes: #Violència escolar, #Salut laboral, #LOGSE, #LOE,

Los días 12 y 13 de diciembre de 2005 nos vimos sorprendidos, aunque pueda parecer inverosímil, por un aluvión propagandístico de dimensiones colosales. Tomando como pretexto el requerimiento hecho por el Parlamento Andaluz al Gobierno de la comunidad, para evaluar el problema creciente de la violencia en los centros docentes y arbitrar las correspondientes soluciones, la Consejería de Educación organizó unas jornadas que, bajo el título de "Foro de la convivencia en los centros educativos", no vinieron sino a reafirmar - sin el más mínimo asomo de análisis ni autocrítica- la misma política educativa generadora, en buena medida, del desastre actual.

Desempolvaron sus fórmulas mágicas para tratar esta pequeña disfunción: más burocracia —mediadores, observadores, "expertos" de toda laya-, más indecente relativismo, más equidistancia, más implícita justificación de la violencia que sufrimos.

Una meditada selección de ponentes, adictos a un único pensamiento, fue desgranando a lo largo de los dos días, sin réplica posible, el mismo discurso en diversas variantes. El Consejo Escolar no creyó oportuno que los profesores que diariamente trabajamos en los institutos asistiéramos -de forma significativa-, y mucho menos tuviéramos voz en este supuesto foro de debate. La misma mecánica, íqué casualidad!, utilizada el curso pasado, por las mismas fechas, para "debatir" el anteproyecto de la LOE. Las propias declaraciones, tanto de la Consejera de Educación como del Presidente del Consejo Escolar, en los actos de apertura, reflejaron con crudeza las contradicciones de quienes, quitando toda importancia al problema de la conflictividad en las aulas -de cuya génesis culpan, sin recato, a la prensa y al resto de los medios-, sin embargo se muestran "encantados de poder mejorar, si cabe (sic), la convivencia en los centros educativos". Si no existe el problema, o es de magnitud insignificante, ¿a qué viene este dispendio?

Cualquiera que haya tenido ocasión -y se lo hayan permitido- de asistir a los fastos, que incluyeron desayunos y comida para algunos centenares de comensales, se habrá visto atrapado en el túnel del tiempo que nos retrotrajo a hace más de veinte años. Exactamente cuando los artífices de la LOGSE desplegaban todo el poderío ideológico que condujo posteriormente a su aprobación. Estos ideólogos de ahora —los mismos de antaño, aunque un poco más ajados y bastante más enmoquetados-, cuidándose muy mucho de nombrar el término maldito, hilvanaron un discurso rancio, apolillado, puramente logsiano, repleto de reiteradas alusiones -cuasirreligiosas- a la utopía revolucionaría (sic). Hemos de suponer que se trata de la misma que ha conseguido aupar a la educación pública al lugar envidiable que hoy ocupa. Convenientemente apartados de las aulas, siguen postulando un "hombre nuevo" -contrapartida necesaria de un Ordine nuovo- sin percatarse de que la LOGSE ya parió su acémila.

Así que este nuevo auto sacramental de reafirmación -en el error- volvió a ofrecernos lo de siempre. Dispuestos a aceptar, por la fuerza de los acontecimientos, que la violencia escolar existe -aunque prefieran hablar, eufemísticamente, de "conflicto"-, de ninguna manera admitirán relación alguna con su extraordinaria política educativa. En palabras propias, la violencia escolar "es la expresión de un problema profundo y ancestral" y por tanto, deducimos nosotros, inescrutable e inabordable. Aun así, desempolvaron sus fórmulas mágicas para tratar esta pequeña disfunción: más burocracia —mediadores, observadores, "expertos" de toda laya-, más indecente relativismo, más equidistancia, más implícita justificación de la violencia que sufrimos.

En una siguiente entrega desvelaremos, a tenor de las actuaciones estelares de nuestros eximios administradores, las pretensiones reales de la Consejería, sus Delegaciones y los servicios de Inspección en este asunto.

Siendo benevolentes podríamos pensar que el espectáculo de diciembre pasado no fue mas que fruto de un delirio transitorio, una pesadilla pasajera consecuencia de un simple error de apreciación. Pero examinando con detenimiento el comportamiento institucional -en todos sus extremos- relacionado con la violencia escolar, la lógica sensación de inquietud da paso al más puro espanto. Todos los datos conducen ineluctablemente a una única conclusión: la Consejería de Educación no está dispuesta a admitir que nos hallamos ante un problema que cobra cada día que pasa una mayor dimensión, y mucho menos aún que su política educativa tenga nada que ver en su génesis. Por eso ha apostado por desviar la atención de todas las formas posibles, sin reparar en gasto, adentrándose incluso en el terreno de la ofensa al profesorado y la humillación a las víctimas. Y si no, ¿cómo explicar las siguientes actuaciones?:

  1. La primera, casi instintiva, reacción ante cualquier episodio de este estilo es fingir que nada ha ocurrido. Un espeso silencio se abre paso desde instancias superiores y el sindicalismo domesticado. Una consigna clara: de esto ni palabra. Que hechos de esta índole transciendan fuera de los institutos y sean recogidos por los medios de comunicación es considerado anatema. Cualquier referencia periodística es interpretada como potencialmente peligrosa. "Nos desacredita", dicen. Sólo así cabe interpretar el ridículo hecho por la Delegada de Educación de Granada, denunciando ante la fiscalía -que no ha dudado en archivar el caso- a un periódico local por publicar una viñeta en la que un padre asilvestrado aconseja a su pupilo cascarle a sus profesores.
  2. Toda la jerga oficial utilizada para referirse al problema elude, elocuentemente, el término "violencia". Hasta tal punto han interiorizado esta pauta que el Presidente del Consejo Escolar de Andalucía declaró recientemente a la prensa: "La convivencia no alarma a la comunidad educativa". Claro, Sr. Iguaz, lo que nos alarma y escandaliza es el grado de violencia cotidiana que tenemos que soportar en la institución de la que usted es digno representante. Prefieren hablar de "conflicto" aunque ello les lleve a situar, indecentemente, a agresores y agredidos en el mismo plano moral, sin importarles la afrenta que supone para las víctimas. Podríamos relatar comportamientos intolerables de los servicios de inspección o de propios Delegados provinciales que causarían estupor con sólo compararlos con hechos similares relativos a la violencia doméstica, por ejemplo. Al final, todas estas asépticas "mediaciones" tendentes a "comprender" las causas del "conflicto" no consiguen más que desamparar a las víctimas, aumentar su indefensión y dar vía libre al delito.
  3. El registro oficial de "incidentes" que tiene habilitada la Consejería en el programa de gestión Séneca demuestra a las claras sus intenciones. Por poner varios ejemplos, hasta finales de noviembre todas las agresiones físicas, injurias y ofensas eran para el séneca simples faltas leves (vulnerando el Decreto de derechos y deberes de los alumnos 85/1999); las "actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa", en palabras del mismo decreto, no tenían cabida en este registro. Y "traer objetos peligrosos al centro" o "facilitar la entrada al Centro de personas no autorizadas" son consideradas igualmente como faltas leves. Si a esta grave y tendenciosa distorsión, añadimos que el programa sólo recoge un porcentaje mínimo de las incidencias reales no nos debe sorprender la estadística presentada recientemente por el inefable Presidente del Consejo Escolar Andaluz. Sin inmutarse afirmó que las conductas graves apreciadas en el conjunto de la Comunidad representan el 20,3 % del total, en tanto que las agresiones físicas recogidas (faltas graves en el Decreto 85/1995) constituyen el 38 % de las incidencias registradas. Debe tratarse sin duda de un nuevo sistema contable hasta ahora desconocido.
  4. Para terminar, por ahora, tenemos que glosar la encuesta sobre la convivencia en los centros docentes, promovida por el Consejo Escolar de Andalucía. Enviada a los centros, pero difundida exclusivamente entre los miembros de los consejos escolares, su contenido ha pasado desapercibido para la mayor parte del profesorado. Pero muestra -una vez más- la escasa consideración que le merecemos a nuestras autoridades académicas. Si en el informe que acompaña a la encuesta vuelven a aflorar los típicos tópicos consejeriles, como la influencia del "clima social", el hecho de que los episodios de violencia sean "fenómenos puntuales", las "respuestas proporcionadas desde la esfera educativa", etc., etc., el propio contenido de la encuesta bordea el oprobio, si no el insulto. En otro archivo gráfico adjunto puede leerse cómo se pregunta a los alumnos por la frecuencia con que los "agredimos físicamente" o los "amenazamos verbalmente con las calificaciones". También se le pregunta a las Juntas Directivas de los centros si tienen conocimiento de hechos como los descritos, ignorando que de haber sido así tendrían que haber acudido prestas a denunciar estos delitos sin esperar a leer encuesta alguna. Los únicos que no parecen tener responsabilidad alguna, nada se inquiere sobre sus presuntas veleidades agresivas, son los padres -que también forman parte de la comunidad educativa- y las autoridades académicas -verbigracia, los servicios de inspección que suelen tener intervenciones antológicas-. Nos hemos permitido la licencia de "completar" la encuesta de manera que estos actores ausentes puedan representar su papel como es debido. En la próxima entrega, en la que indagaremos en las causas de la violencia escolar, remitiremos "nuestra" encuesta para tratar de reparar este inexplicable olvido.

Después de haber examinado con atención la respuesta institucional a la violencia escolar, convenientemente disfrazada de "conflicto insignificante", a decir de nuestras autoridades educativas; comprobado el grado de miseria moral al que pueden llegar quienes pretenden situarse en ese espacio virtual que media entre víctimas y verdugos; desenmascarada toda esta parafernalia de los gabinetes de paz y noviolencia, observatorios, mediadores, expertos en conflictos y demás productos consagrados a mayor gloria de la Consejera, el gasto público y la prebenda más descarada; no nos queda sino ofrecer la explicación -contrastada- de este fenómeno que asuela las aulas y está haciendo que el ambiente dentro de los centros docentes se vuelva irrespirable, a la vez que planteamos las propuestas necesarias que permitan reconducir la situación hasta un estado de mínima normalidad.

Ya hemos avanzado con anterioridad nuestra opinión al respecto. Sostenemos, invocando el principio racional de causalidad, que la violencia escolar no es un fenómeno sobrevenido - producto del azar-, ni consecuencia de maldición bíblica alguna, ni -por supuesto- una falaz ocurrencia de unos cuantos profesores ofuscados. Más bien debe ser considerada un producto -nada desdeñable- de la grave deficiencia estructural que afecta al sistema educativo desde que comenzara a implantarse la LOGSE. Producto indisolublemente unido a la involución operada desde entonces en todos los indicadores de calidad del propio sistema. La OCDE -en su informe PISA, entre otros- y la Comisión Europea, nos vienen recordando incesantemente que el sistema educativo pergeñado por los artífices de esta ley que nos ha tocado sufrir, no resiste la más mínima evaluación externa. Y no sólo es que nos encontremos en una situación verdaderamente crítica, sino que la tendencia a corto y medio plazo es sencillamente catastrófica. No es casual que desde la Consejera hasta el último "mediador", pasando por todas sus oficinas sindicales, huyan despavoridos de estos informes como drácula de un fotón. Reconocer que la LOGSE ha supuesto el abandono de cualquier objetivo educativo -propiamente dicho-, la devaluación de la responsabilidad individual del alumno -conscientemente diluida en la colectividad-, y la desaparición de la función inspectora -reconvertida en tarea de mero patrocinio político-, entre otras, es tanto como admitir, de manera implícita, que la violencia escolar es una de las consecuencias inevitables de su implantación. La sustitución de un modelo educativo, sin duda perfeccionable, por el modelo folclórico-lúdico-recreativo que representa la LOGSE ha acabado de facto con el mejor mecanismo de promoción social con que cuentan las sociedades civilizadas, su sistema educativo. Pero produce más desazón comprobar que la persistencia en el error y la contumacia en sostener paradigmas caducos -claramente reaccionarios-, tienen su origen en atávicos prejuicios de carácter ideológico, refractarios a cualquier evidencia empírica. El instinto de supervivencia, en este contexto claramente hostil, nos lleva a instar a la Consejería y al poder legislativo a acometer con urgencia, antes de que la situación sea irreversible, cambios profundos en sentido contrario a esa LOGSE rediviva que representa la LOE. Los cambios estructurales de que está necesitada la enseñanza pública ya han sido objeto de análisis y expuestos en el manifiesto hecho público durante la tramitación parlamentaria de la ley. Mientras tanto sólo cabe exigir a nuestras autoridades que garanticen, como es su obligación, las condiciones de seguridad mínimas para un normal desarrollo de la labor docente, acabando con la impunidad de que hoy gozan los que agreden, acosan y se ven con el derecho de saltarse sistemáticamente cualquier norma de convivencia civilizada sin que nadie les ponga coto. Que acaben de una vez con el desamparo en el que suelen encontrarse las víctimas, persiguiendo de oficio, con todas las herramientas del Estado de Derecho, cualquier delito que se produzca dentro de los centros educativos en vez de silenciarlo de forma vergonzante. Que no obstaculicen los procedimientos sancionadores iniciados dentro de los propios centros, como suele venir ocurriendo en un intento demagógico de falsear una realidad que les compromete. En fin, que no contribuyan a que la situación se degrade aún más de lo que está.

Nosotros, por nuestra parte, hemos adquirido el compromiso de llevar a la Fiscalía del TSJA -y lo haremos próximamente- el acuciante problema de la violencia escolar y el "sospechoso" comportamiento de nuestras autoridades educativas, por si de éste pudiera desprenderse alguna responsabilidad. Y como habíamos adelantado, en respuesta a la implacable encuesta del Consejo Escolar de Andalucía que nos coloca potencialmente en el mismo saco que los agresores, exonerando de toda responsabilidad a la jerarquía -de la Consejera al propio Consejo Escolar, pasando por el eficiente servicio de inspección educativa-, adjuntamos la nuestra, pretendiendo con ello suplir esta inexplicada carencia.


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