La sexta ley educativa de la democracia0

Lectures (1002) 07/04/2006, 09:20  |  El-País.-C.-M.-/-J.-A.-A.  |  Etiquetes: #LOGSE, #LOE, #LOCE,

Los españoles han conocido en su democracia seis leyes orgánicas de educación no universitarias pero sólo ha habido en este tiempo dos estructuras distintas del sistema educativo, la que dibujó en 1970 la Ley General de Educación (EGB, BUP y COU) y la que diseñó la LOGSE (primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato).

Ni siquiera la Ley de Calidad que aprobó el PP durante su mandato tocaba las estructuras de la LOGSE, aunque siempre se han mantenido la queja de que el bachillerato de dos años es excesivamente corto, "el más corto de Europa". La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) recién aprobada mantiene la arquitectura, seis años de infantil, otros seis de primaria, cuatro de secundaria obligatoria (ESO) y dos de bachillerato. Esta ley integra lo recogido en todas las demás, a las que deroga, salvo a la LODE. Interviene en la organización de los centros, en los aspectos de la disciplina, de la composición del Consejo Escolar del Estado, en la jubilación de los profesores, en el acceso a la inspección, toca los conciertos educativos y, por supuesto, los contenidos de los estudios. Adelanta el estudio del idioma extranjero, reestructura las asignaturas optativas, aligera de materias los primeros cursos de secundaria y reduce a tres las cuatro modalidades actuales de bachillerato, e introduce dos nuevas asignaturas, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. La primera de ellas ha sido muy criticada por las organizaciones educativas conservadoras y el PP.

La LOGSE se aprobó en 1990 con el apoyo de todos los grupos políticos salvo del PP (205 votos a favor y 89 en contra). Hubo tres abstenciones, dos de Unión Valenciana y una del PP). El PP dijo ayer que la LOGSE ha sido "una catástrofe y un fracaso" para los alumnos españoles. Y la LOE, dicen, es "una LOGSE dos", "que acabará de estropear lo poco que estaba arreglado".

Cuando alcanzó la mayoría absoluta, el PP redactó su Ley de Calidad (LOCE) -en la que se incluían los polémicos itinerarios y la reválida, que ahora han desaparecido-. Se aprobó con el único apoyo parlamentario de Coalición Canaria. 182 votos a favor y 131 en contra. Tuvo una vida corta. El PSOE la paralizó al llegar al poder en 2004 e inició esta última reforma, de trámites abruptos. Las manifestaciones han recordado a las que se vivieron en los ochenta cuando se aprobó la LODE, con los obispos en la calle. Tuvo dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de CiU. La posterior ronda de negociaciones consiguió un delicado equilibrio entre la escuela concertada y las organizaciones de izquierdas que ayer volvió a zozobrar por culpa de una enmienda que permite a los concejales asistir a los consejos escolares de los colegios concertados. Los religiosos lo consideran "una intromisión"; la izquierda, sin embargo, defiende enérgicamente esta medida por que cree que es la correa de transmisión de los problemas de los centros hacia los ayuntamientos. "Es una ventaja para los centros públicos y también debe serlo para los concertados. No está pensado para inspeccionar a nadie", explicó la diputada de Izquierda Verde Carme García.

Admisión: Comisiones para controlar el acceso a los centros

Las familias podrán solicitar en el propio centro la escolarización de sus hijos. Cuando la demanda de plazas supere la oferta, las administraciones podrán constituir comisiones de admisión para velar por que el proceso se ajuste a la ley. En ellas tendrán representación las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros públicos y privados.

La Administración establecerá la proporción de alumnos con necesidad de apoyo (inmigrantes) que deben escolarizarse en al red pública y concertada y se les reservará plaza sólo hasta el final de la preinscripción. Cuando se incorporen tardíamente los centros podrán elevar un 10% el número de alumnos por aula para darles cabida. La izquierda pedía para estos alumnos una atención más personalizada.

Cuotas: Aportaciones voluntarias en los centros concertados

Las familias podrán seguir haciendo aportaciones voluntarias a los colegios, una práctica extendida en los centros concertados de la que se han quejado largamente las organizaciones de izquierda por considerar que discrimina a los alumnos por su estatus económico. El texto primero era más duro en este extremo, pero finalmente lo que se hace es vetar cualquier tipo de obligación a las familias pero nada dice de las cuotas voluntarias. Además la Administración se compromete a dotar a los centros de los recursos necesarios para que puedan impartir las clases sin tener que recurrir a inversiones extra. La nueva redacción del texto se consensuó con los titulares de la educación concertada.

Las familias respetarán el ideario del centro en el que matriculan a sus hijos.

Apoyo y refuerzo: Atención a las necesidades especiales de los alumnos

La LOE ofrece iniciativas para adaptar el programa escolar a los alumnos con necesidades y ritmos de aprendizaje distintos, por ejemplo, los inmigrantes. Se habla de refuerzos en algunas materias, adaptaciones de currículo o desdoblamiento de grupos.

En primaria, por ejemplo, alumnos más mayores ayudarán a estudiar a otros más pequeños. En secundaria se ofrecerán en 1.200 centros el próximo curso tutorías y horas extra de las materias en las que se flaquea.

Además, la ley adelanta, excepcionalmente, de los 16 a los 15 años, el acceso a los programas de diversificación curricular -clases reducidas con contenidos suavizados- y a los nuevos programas de Cualificación Profesional Inicial, -para obtener un título profesional y el de secundaria.

Disciplina: Los directores podrán sancionar en el acto

Los directores de los centros públicos serán elegidos de forma consensuada entre padres, alumnos, docentes y Administración. Además, los directores de instituto podrán imponer sanciones disciplinarias en el acto, que pueden ser revisadas después por el consejo escolar (formado por docentes y representantes de padres, alumnos y ayuntamiento).

Los centros tendrán más autonomía. La ley dedica un capítulo a esta autonomía "pedagógica, de organización y gestión", y para adecuar "los recursos económicos, materiales y humanos" a sus objetivos. A los institutos se les permite también "organizar grupos y materias de manera flexible" y adoptar las medidas que crean necesarias para atender a los alumnos con necesidades y ritmos de aprendizaje distintos.


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