Los fiscales pedirán pena de cárcel por agredir a maestros y médicos0

Lectures (701) 15/11/2006, 10:15  |  La-Vanguardia.-Santiago-Tarín-  |  Etiquetes: #Salut laboral, #LOE, #Autoritat pública,

El fiscal quiere lanzar el mensaje de que las agresiones a maestros y médicos no van a quedar impunes, y acusará de atentado a aquellos que ataquen a estos profesionales cuando estén ejerciendo.

La físcalía quiere incrementar la protección jurídica a los profesores y a los médicos y enfermeros que padecen agresiones en el ejercicio de sus funciones. Así, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Mena, ordenó ayer a todos los miembros de su departamento que acusen de atentado, que conlleva penas de prisión, a todas aquellas personas que ataquen a estos profesionales.

El mandato se ha transmitido mediante una instrucción interna que lleva por título "sobre la protección penal del ejercicio de las funciones públicas esenciales". En ella, una primera reflexión que se efectúa es que una agresión a uno de estos profesionales no es simplemente el ataque a una persona individual, sino que se trata de "la perturbación de la función pública que ejercen" y, con ello, no sólo se les lesiona a ellos, sino también a los usuarios de unos servicios públicos que están garantizados por la Constitución española, como son la educación y la sanidad. Por ello, Mena razona que "las agresiones a los profesionales que ejercen funciones públicas de la educación o la sanidad merecen la más severa perspectiva jurídico penal, en defensa de bienes jurídicos no sólo individuales, sino también colectivos, de esencial importancia constitucional".

¿Cómo se traduce esta severidad? Pues en considerar que los profesores y profesionales de la medicina del sector público, cuando están trabajando, están protegidos por el artículo 550 del Código Penal, que define que es delito de atentado atacar a un funcionario público (como policías o agentes judiciales) cuando está en ejercicio de sus tareas. Por ello, José María Mena ha ordenado a los fiscales que acusen de atentado a quienes ataquen a maestros y médicos por causa de su trabajo.

Lo que lanza la instrucción es un mensaje de que las agresiones no van a quedar impunes, en un momento en que aflora la inseguridad de los docentes ante alumnos descontentos e incluso ante los padres en desacuerdo con sus actuaciones. Este delito de atentado puede acarrear una pena que va de uno a tres años de prisión, al margen del reproche penal por las posibles lesiones. Hasta ahora, muchas de estas situaciones se solventaban con una simple falta, si es que eran perseguidas.

En la orden de la fiscalía se aporta la referencia de sentencias en las que se ampara a docentes. Por ejemplo, una del Tribunal Supremo en la que se consideraba funcionario público a un catedrático de universidad agredido tras un examen por un estudiante suspendido; u otra de la Audiencia de Murcia, que dispensa la misma consideración al director de un colegio público atacado por el padre de un alumno.

Ayer mismo, la federación de enseñanza de CC. OO. pedía que las agresiones a docentes en su trabajo se trataran como ataques a funcionarios públicos. Ya durante el debate de la ley Orgánica de Educación (LOE), hubo asociaciones de directivos de centros escolares que pidieron que se reconociera al equipo director de la escuela como una autoridad pública, a fin de reforzar su autoridad, además de la necesidad de acelerar los expedientes disciplinarios.


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