Riesgos de bachiller0

433 18/04/2007, 09:12    La Voz Digital.

El Real Decreto del Bachillerato, que el Ministerio de Educación remitió ayer a las comunidades autónomas para abordar su contenido en la reunión del comité sectorial prevista para el próximo 24 de abril, va a exigir un amplio acuerdo y un tratamiento desapasionado que lo propicie.

Así lo requieren las dos grandes novedades que en él se contemplan. En primer lugar, la obligación que afectará a quienes habiendo superado más del 50% de las asignaturas de primero de bachillerato y no aprueben dicho curso de matricularse de las pendientes completándolas con asignaturas del segundo curso. En segundo lugar, la reordenación curricular en torno a tres tipos de bachillerato con la incorporación como materias comunes de Filosofía y ciudadanía y Ciencias para el mundo contemporáneo y la ampliación horaria para las materias de modalidad.

Es evidente que la cuestión más delicada de la propuesta es la nueva vía de promoción de primero a segundo. La idea puede resultar sugerente. Pero la «flexibilización» defendida por la ministra como «una experiencia de tránsito hacia la universidad» podría también convertirse en lo contrario: en una medida que relaje el paso por el bachillerato, hasta el punto de que amplíe aún más la brecha que hoy se da, tanto en conocimientos y destrezas como en actitudes, entre los requerimientos del último ciclo de la enseñanza obligatoria y la educación superior.

Algo que podría llegar a manifestarse incluso ante la preparación de la Selectividad por parte del alumno, teniendo en cuenta que desde primaria los estudiantes vienen enfrentándose a una evaluación continua pero atomizada, lo que les dificulta afrontar un examen global sobre el conjunto de las materias.

La propuesta de «flexibilización» compromete, además, tanto la capacidad organizativa de los centros como los recursos humanos y materiales que precisaría su aplicación. Recursos que correspondería habilitar precisamente a las comunidades autónomas. Por ello, la reunión entre la Administración central y los gobiernos autonómicos del próximo 24 de abril ni puede ser un mero trámite ni debería empantanarse en una discrepancia maniquea partidaria o doctrinal.

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