Educación sancionará hasta 16 conductas graves0

782 09/11/2007, 08:46    El País. NEUS CABALLER - Valencia   #Violència escolar, #Salut laboral,

Que dos o más estudiantes de 14 años se pasen semanas esperando a otra alumna en un pasillo del instituto para insultarla o vejarla y que, tras atormentarla, le acaben propinando una patada a la salida y lo graben con el móvil -sin que nadie del personal del centro denuncie estos episodios recurrentes de violencia, como ocurrió en Elche en octubre- técnicamente no se podrá volver a producir sin que todo acabe en sanciones. Tampoco, que un estudiante espere a otro fuera del instituto cutter en mano para cortarle la cara sin ser sancionado y remitido a la autoridad judicial. Tampoco un padre o madre podrá agredir a un profesor sin ser penalizado. Ni un docente o bedel "podrá mirar para otro lado" cuando se produzcan episodios de "insultos, ofensas o injurias" que van más allá de la incorrección puntual cuando entre en vigor el Decreto de Derechos y Deberes, que extiende la "responsabilidad del éxito escolar", no sólo al alumno, sino también a profesores, personal de administración y padres o tutores.

El documento -que ayer fue distribuido por Educación y colgado en su web para consensuar el texto- "tipifica hasta 16 tipos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en un centro". Entendiéndose por ello desde los "actos graves de indisciplina, injurias u ofensas que sobrepasen la desconsideración" hasta las "agresiones físicas o morales, coacciones o discriminación", "vejaciones y humillaciones", "falsificación, deterioro o robo", "suplantación de personalidad" hasta el "acoso escolar" propiamente dicho.

Los padres, por su parte, deberán "colaborar en el traslado de los hechos a la autoridad competente". Pero, antes de llegar a este extremo deberán cumplir un catálogo de "deberes", que van desde "la obligación de estar involucrados en la educación de sus hijos y colaborar con el centro en toda la enseñanza reglada" hasta la de "educar a sus hijos en actitudes responsables con las nuevas tecnologías" para evitar casos de ciberacoso.

En cualquier caso, el director está "obligado a notificar" cada incidente, e imponer las medidas correctivas o expedientes disciplinarios propuestos en el decreto; incluido el traslado de un alumno problemático a las llamadas "unidades específicas" o "aulas de convivencia", que ha sido muy contestado por un sector de los padres. El decreto opera también en aquellas "acciones fuera del recinto".

La Federación de Padres y los sindicatos CC OO, STEPV y UGT tachan el texto de "regresivo" y "autoritario".

No se pueden mezclar churras con merinas. "Ni se puede poner en un decreto de Derechos y Deberes al alumno al mismo nivel que al docente; o mezclar sanciones con planes de convivencia, sin medidas sociales", sostiene Luis García Trapiello, de CC OO.

En el mismo sentido, Gerardo Fernández, de Fete-UGT, ve con "preocupación" que se dicten "medidas autoritarias" como la creación de las llamadas "unidades específicas" o "aulas de convivencia". "¿Dónde van a estar y quién las llevará? ¿Cómo se valorará si un niño tiene trastornos graves de personalidad"?

Las polémicas "unidades específicas" contenidas en el borrador del decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos -que por primera vez se hace extensivo a padres, profesores y personal laboral- han levantado ampollas, no sólo entre los tres sindicatos de izquierda, sino entre las asociaciones de padres de la red pública contrarias "a la segregación" de estudiantes.

"Además de regresiva, se trata de un aula discriminatoria, que fomenta que el chaval que quiera montar un pollo el día antes de un examen, por ejemplo, consiga que le saquen de clase y le encierren; ¿a quién se le ha ocurrido?, se pregunta Gemma Piqué, de la federación de padres FAPA. "El decreto es brutal. En vez de hacer una norma que regule la convivencia entre alumnos y fomente que sean mediadores y elaboren sus planes de convivencia, recuerda a los padres nuestras obligaciones legales, cuando ya estamos obligados a responder ante la ley si no cumplimos con el deber de educar y respetar a nuestros hijos".

El STEPV anticipa que en la mesa sectorial de hoy presentará "una batería de propuestas sobre la convivencia escolar, que van más allá de este decreto". Un decreto cuya tramitación revela, de entrada, "una grave confusión política" de parte de la consejería, según Trapiello. "No se puede negociar en mesa un borrador que ya ha sido remitido al CEV. Es un engaño. Pero peor es meter en un decreto de los alumnos -que es su carta magna- a padres y personal educativo que ya tienen su propia regulación". Los tres sindicatos coinciden en que un plan de convivencia, sin medidas sociales, es inservible. Y revelan un enfoque sesgado: la desigualdad en las aulas tiene su origen en la desigualdad de las familias.

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