Hasta los dieciocho 'tacos' ¡colega!0

Lectures (1248) 03/11/2009, 08:55  |  J. M. Seytre. Afiliat  |  Etiquetes: #LOGSE, #LOE, #LOCE,

Ya dijo el viejo Hegel que la frenología era como confundir el acto de copular con el de orinar por el hecho de que ambos se realizaban con el mismo órgano. Una capacidad de discriminación conceptual algo ofuscada, sin duda, la de los adscritos a esta pseudociencia del siglo XIX que, a pesar de todo, tuvo cierto éxito en su época. Y algo parecido nos tememos que le ocurre al ministro Gabilondo cuando se descuelga proponiendo la escolarización obligatoria, hasta los dieciocho años, como solución a los múltiples y gravísimos problemas que afectan a la enseñanza en este país. Porque lo que está claro es que la receta «más de lo mismo» no contribuirá en modo alguno a corregir el problema; muy al contrario, lo agravará sobremanera.

Y aunque muchos pensábamos que en temas de enseñanza habíamos tocado fondo, todo indica que a partir de ahora vamos a empezar a perforar el suelo. No hay más remedio que decirlo a la claras: o el ministro es tonto del haba, o aquí hay gato encerrado. Y el ministro no es tonto del haba, luego ha de haber gato encerrado.

A finales de los ochenta, cuando el gobierno de Felipe González introdujo en el mercado laboral lo que fue conocido popularmente como los «contratos basura», se empezó a gestar una «generación bonsai». Eventual proyección en lo social, se ironizaba por entonces, de la conocida afición al cultivo de estos microarbolitos por parte del entonces presidente del gobierno, que se concretaría en los citados «contratos basura».

Como es sabido, un bonsai es un árbol al que no se deja crecer. En algunos casos, la imposibilidad de crecer viene dada por las condiciones naturales del entorno en que cayó por azar la semilla. En el que aquí nos ocupa, la cuestión consiste en impedir por medios artificiales el crecimiento natural. Como resultado obtenemos un olivo o un cerezo en miniatura. Idéntico en todo al árbol adulto, pero a escala ínfima. En el ámbito de lo social, y dada la imposibilidad de evitar el crecimiento biológico, lo que se impediría es la maduración personal en lo intelectual. Si se dan unas condiciones sociales –y por ende culturales y económicas- que, ya sean inducidas o sobrevenidas accidentalmente, impiden al individuo, o a toda una generación, acceder a la condición propia de la edad adulta en lo económico, lo que se hace es impedir el proceso de maduración personal de tal manera que el individuo esté mentalmente, culturalmente e intelectualmente adecuado a la situación social que le toca vivir. El resultado son adultos biológicos con mentalidad de adolescentes. La eternización de la adolescencia, que no es exactamente lo mismo que el síndrome de Peter Pan, sino más bien su opuesto. Peter Pan no quería crecer, a los bonsais no se les deja.

En el caso de los «contratos basura», con una inestabilidad e indefinición laboral que eterniza la provisionalidad hasta edades casi de prejubilación, nos encontramos con el individuo biológicamente adulto que no puede acceder a la mayoría de edad social, condenado, como un bonsai, a eternizarse laboralmente en una estructura que ha convertido en sistema lo que en otro tiempo fueron los “pinitos” laborales propios de las épocas vacacionales estudiantiles. En lo educativo –antaño instrucción o enseñanza-, nos encontramos con un sistema que prima lo lúdico y el «todo vale» sobre el esfuerzo y el acceso al saber; un sistema que niega el carácter histórico del conocimiento y repugna de cualquier forma de autoridad incluso en aspectos tan elementales como que, en una fase inicial del aprendizaje, el teorema de Pitágoras se ha de entender, no debatir, y que en esta fase inicial la transmisión de dicho conocimiento es inevitablemente arbitraria; un sistema que obvia algo tan elemental como que el debate, para que se dé, requiere de criterio y que éste se fundamenta en contenidos de conocimiento; un sistema que se obstina en imponer la promoción académica automática como medio para negar el fracaso escolar; que parece desconocer la necesidad distintas fases y niveles de aprendizaje, como, por ejemplo, que para conocer sobre ecuaciones hay que conocer antes sobre operaciones aritméticas elementales; que ha convertido la institución escolar en un aparcamiento de niños y adolescentes y que parece seguir empeñado en impedir por todos los medios a su alcance que ésta pueda desempeñar la función primordial que tiene asignada: la transmisión de conocimientos.

En definitiva, el correlato educativo del bonsai social. Si no se ha de poder llegar a adulto en lo social, que tampoco se llegue en lo cultural. De lo contrario, se estarían creando inadaptados o, quién sabe, acaso futuros respondones conscientes del fraude que se ha cometido con ellos. Y para respondones, mejor que no sean demasiado conscientes. Mejor la algarada caótica o botellonera pretendidamente alternativa, ya plenamente integrada en el imaginario social, que la protesta consciente. Para esto se ideó en su momento la LOGSE, para dar cumplida respuesta a los requisitos de un sistema que en aquellos mismos momentos estaba promoviendo los contratos basura y el futuro modelo de ciudadano bonsai; para impedir que, al menos en la enseñanza pública, puedan surgir alumnos intelectualmente por encima del nivel funcional que el sistema tiene previsto asignarles. Para acabar con la amenaza que la movilidad social podía representar en una sociedad reestratificada después del un periodo de movilidad social en el que la enseñanza pública había tenido un papel fundamental.

En cuanto a la innegable aceptación social que tuvo el invento de la LOGSE y sus cosas, y que todavía tiene, tampoco es tan extraño: a nadie le gusta suspender ni tampoco el ser humano tiende por naturaleza al esfuerzo por conocer. Eso sólo se da en contextos de necesidad. El resto es cultural y consiste en la educación de la voluntad. Y primar la espontaneidad es impedir que surja la voluntad. Así que, por un lado, si nadie suspende, todo el mundo contento; por el otro, hay que eliminar la posibilidad de aparición de cualquier contexto de necesidad que pueda despertar curiosidades e intereses intelectuales. Aderezos: el primado de lo lúdico sobre el esfuerzo, de la inmediatez sobre la memoria y de lo disperso sobre lo estructurado; el desprestigio, inducido y auspiciado, de la figura del docente y, consiguientemente, de los conocimientos que transmite, así como de su inutilidad pràctica. Para ello –el fin justifica los medios- no se tuvo el menor reparo en asociar al docente y a cualquiera que denunciara el desatino de la Reforma Educativa con presuntas nostalgias de otras épocas en que el profesor tenía un poder omnímodo sobre los alumnos. Para nada importaba que nadie estuviera instalado en dichas nostalgias, que muchas de las críticas provinieran de librepensadores de izquierda, mientras la derecha callaba prudentemente ante el auge de la privada concertada o que, repugna tener que insistir en tal obviedad, las matemáticas, el latín o la filosofía no fueron nunca, precisamente, inventos de una dictadura chusca y chulesca como la franquista, uno de cuyos próceres profirió un “muera la inteligencia” que, de evocar algo, más bien remitiría al horror y repugnancia con que los modernos pedagócratas del sistema aborrecen de cualquier “contenido de conocimiento”; por cierto, como si pudiera haber conocimiento sin contenidos.

¿Simple ignorancia? En algunos casos sí, sin duda alguna. En otros, arribismo gremialista que se presta entusiásticamente a gestionar el desmantelamiento del sistema educativo cambio de un lugar en el Sol. Tontos útiles y cínicos, una combinación perfecta. Pero siempre en el contexto de un proyecto de ingeniería social destinado a producir los individuos que el sistema ha decidido que son necesarios de acuerdo con el lugar que se les haya asignado previamente de conformidad con su origen social.

De ahí la proscripción de todo lo que signifique exámenes o el rechazo a cualquier proceso selectivo académico. Todo ello bajo la cobertura moral de una ramplona fascinación por una igualdad uniformizada tan imposible como indeseable. En realidad, de lo que se trata es de evitar un proceso de selección intelectual que, al desaparecer, abre el paso a la selección en razón del nivel cultural y económico previo de cada cual según su origen social. Se ha estigmatizado toda selección académica, pero ninguno de los que la han denostado a dicho nada sobre la selección social que ha surgido en su lugar. ¿Será que ya les va bien?

Y ahora, en medio de un sistema educativo destruido, entre otras cosas, por la forma perversa como se aplicó la escolarización obligatoria hasta los dieciséis -el supuesto Sancta Sanctorum de la LOGSE-, va el Sr. Ministro y sugiere la escolarización obligatoria hasta los dieciocho años.

Como los frenólogos del siglo XIX, el ministro Gabilondo parece confundir conceptos a partir de homologías. Si nuestros jóvenes no aprenden lo suficiente con el tiempo que dedican al estudio, démosles más tiempo; de los dieciséis años pasemos a los dieciocho. Parece pues ignorar que lo que él considera la etapa o el tiempo de estudio no lo es necesariamente de aprovechamiento y adquisición de conocimientos, sino en muchos casos de auténtica pérdida de tiempo en majaderías impuestas por una ley educativa que él mismo considera maravillosa. Así como en el ejemplo de los frenólogos la grotesca confusión provenía de la identificación de dos funciones por el hecho de realizarse con un mismo órgano, aquí nuestro ministro no parece entender que el problema no es de «tiempo» de escolarización, sino de a qué se dedica este tiempo y a qué índices de exigencia y calidad está sujeto.

El Sr. Ministro no parece tomar en consideración cuestiones que, a priori al menos, parecería bastante razonable tener en cuenta. Verbigracia, no tiene demasiado fundamento pensar que dos años más de escolarización obligatoria vayan a resolver las deficiencias formativas de un individuo que, entre los seis y los dieciséis años, se haya limitado exclusivamente a calentar la silla que cada año le tocaba en suerte y que, de acuerdo con la normativa vigente, haya promocionado regularmente de curso aunque haya suspendido sistemáticamente casi todas las asignaturas y haya llegado a los dieciséis en estado real de analfabetismo funcional, pero con el título de «ESO». Y eso en el supuesto que, efectivamente, se haya limitado a calentar la silla. Es decir, sin que haya dedicado otros “tiempos” de su escolarización obligatoria distorsionar la convivencia en el aula o en su centro, amenazando y acosando compañeros que sí querían estudiar y aprender algo, destrozando las instalaciones del instituto o insultando y agrediendo profesores ante la indiferencia general del establishment educativo y pedagocrático. Porque si entramos en estos terrenos, no es ya que parezca razonablemente improbable, sino que quien pueda pensar que iba a aprovechar dos años más para aprender, no merece otra consideración que la de cretino. O acaso, como ya hemos insinuado más arriba, lo que ocurre es que aquí hay gato encerrado. Luego ¿Dónde podemos buscar al pequeño felino? Tal vez en un ajuste puntual del “modelo bonsai”, destinado a corregir las pequeñas aristas que surgen en toda ejecución práctica de un constructo teórico. Veamos. Lo que conocimos como la institución pública de enseñanza fue, o hubiera podido llegar llegar a ser, una estructura que está ya, hoy en día, desmantelada en cuanto a instrucción se refiere. No hay peligro por este lado a medio plazo. Al contrario que a principios de los ochenta, cuando se produjo un trasvase masivo de alumnado de la enseñanza privada a la pública, el de sentido contrario en la segunda mitad de los noventa y primer lustro de los dos mil -LOGSE, LOCE y LOE- mediantes, consistió en un flujo masivo de alumnos de clase media de la pública a la privada. La base socioeconómica de este fenómeno indica que la situación actual es, hoy por hoy, irreversible.

En la actualidad, el concepto de “enseñanza” ha desaparecido pràcticamente de la estructura educativa pública en el ámbito de la escolarización obligatoria universal hasta los dieciséis años. Las funciones de lo que entendemos por “enseñanza” propiamente dicha, trasmisión de conocimientos, está proscrita en los centros públicos y ha quedado en exclusiva para las privadas concertadas que sigan creyendo en la función social de dicha trasmisión. Y que nadie crea que dos años más fueran a resolver un despropósito de diez. ¿A qué puede obedecer, pues, la idea de extender la escolarización obligatoria hasta los dieciocho? ¿Tal vez a un arrebato neokrausista en un filósofo posmoderno como Gabilondo? No nos hagamos ilusiones y vayamos por partes.

La ejecución del proyecto que se gestó con la LOGSE presenta, en su fase actual, dos problemas que, sin duda, suponen para los ideólogos de la pedagocracia una gran contrariedad. El primero, en vías de “solución”, es el profesorado de la pública. Se trata fundamentalmente de plantillas de licenciados universitarios o profesionales cuaificados que han superado un proceso de selección a través de oposiciones públicas. En tanto que funcionarios públicos, están (estaban) sujetos a un régimen profesional mejor que el de los profesores de la enseñanza privada concertada. Es lógico pensar que cualquiera que desease dedicarse a la docencia prefiriera la pública a la privada y que, en la mayoría de casos, los que estaban en la privada fuera porque no habían conseguido superar las oposiciones de ingreso a los cuerpos docentes públicos. Pero esto es una incongruencia con el modelo de educación pública –que no de enseñanza- diseñado desde la LOGSE: plantillas de profesionales licenciados en física, filosofía, matemáticas o filología cuya función es ejercer de asistentes sociales. Una contradicción que, como hemos apuntado en el párrafo anterior, está ya en vías de solución. Una solución ingeniosa, hay que reconocerlo, y que se aplicó en distintas direcciones, aparentemente muy democráticas e igualitarias, siempre con un objetivo preciso: acabar con esta paradoja. El sueldo de los profesores de la pública y de la privada se igualó de facto –a la baja, claro-, corriendo también el de los segundos a cargo del erario público; medida destinada a desincentivar el acceso a la función pública docente. El régimen administrativo de los funcionarios docentes se desregularizó, produciéndose desplazamientos masivos en condiciones de auténtica indefensión; otra medida destinada a desmotivar el acceso. La ofeta pública de empleo empezó a suministrarse en cuentagotas, con lo cual se crearon enormes bolsas de profesorado interino en condiciones de precariedad. Y quedaba desprestigiar al colectivo por el procedimiento de desautorizarlo ante quien fuera preciso –alumos, padres de alumnos, opinión púbica…- por parte de quien se supone que le confería la autoridad de ejercer la docencia: la propia Administración. Y no hablemos del fomento descarado del “peloterismo” en unas Administraciones pigmeas sólo preocupadas por extender su red de control social clientelar; no hablemos de ello porque ya tenemos bastantes ruidos con el Santo Oficio.

En resumen, las dimensiones del proceso de desmantelamiento y destrucción de la enseñanza pública en España han sido tales que, como mínimo en un plazo prudencial de tiempo, no cabe esperar ningún repunte que amenace la hegemonía de la privada concertada. Pero queda un segundo problema, éste todavía por solucionar… hasta que llegó Gabilondo.

El problema al que nos referimos refiere a una simple cuestión de coherencia con el modelo que en su momento proyectó la LOGSE y en cuya última fase de consumación estamos hoy en día: la enseñanza obligaroria es hasta los dieciséis años, y como consecuencia de ello, la posibilidad de concertarla abiertamente con la empresa privada también. Los conciertos de bachillerato con la privada, por ejemplo, son más problemáticos, administrativamente hablando, y aunque varias Administraciones autonómicas lo han llevado a cabo, siempre ha sido bordeando la legalidad y, desde luego, de forma más precaria que en la enseñanza obligatoria, donde prácticamente la concertación es universal. Porque hay, además, un problema añadido: por regla general, el alumnado más conflictivo abandona los estudios al concluir la ESO, lo que significa un filtro natural hacia el bachillerato o la FP de grado superior. Liberada de este tipo de alumnado en la enseñanza postobligatoria, la pública está en condiciones de ofrecer un bachillerato de igual o mejor calidad académica que la privada. Y esto tampoco encaja con el modelo. Para nada. Y hacia ahí apunta la propuesta de nuestro flamante ministro. La coartada que permitirá culminar el proyecto que se inició hace casi veinte años con la LOGSE: la universalización de los conciertos con la privada, y la consiguiente anulación de la pública, en lo que hasta hoy eran enseñanzas postobligatorias.

Si se extiende la escolarización obligatoria hasta los dieciocho años, el modelo LOGSE mata tres pájaros de un mismo tiro. En primer lugar, estará en condiciones legales de universalizar la concertación con la privada de la enseñanza postobligatoria, es decir, bachillerato y formación profesional. Para eso sí que habrá dinero. En segundo lugar, la permanencia forzada en los centros públicos de alumnos disruptivos hasta los dieciocho o diecinueve años será sin duda la puntilla que remate definitivamente a la pública. Con ello se acaba con su hasta ahora último reducto y con el relativo trasvase, que todavía se está produciendo en parte, de alumnos de la privada que pasan a la pública para cursar el bachillerato. El sentido del flujo se invertirá como ocurrió anteriormente con la enseñanza primaria y con la ESO. Finalmente, en tercero y último lugar, esta medida presenta también una ventaja suplementaria. Los alumnos entre dieciséis y diecinueve años apuntados en la lista del paro son serio motivo de enojo para los colegas economócratas de Gabilondo a la hora de cuadrar sus informes macroeconómicos sobre el paro. Es de suponer que la medida que nos ocupa iría acompañada de la elevación de la edad laboral hasta los dieciocho años. Y esto se reflejaría en las estadísticas como un sensible descenso del porcentaje de parados en este país. ¿Se puede pedir más?

Y con ello se acaba de cerrar el círculo. Tendremos una juventud que irá al pediatra hasta los dieciocho años y estará obligatoriamente escolarizada hasta esa misma edad. Durante esta etapa no aprenderán nada, porque no se permitirá que se les enseñe nada ni se les educará para poder aprender nunca nada -tampoco les hará ninguna falta para lo que se espera de ellos-; eso sí, en este tiempo gozarán de impunidad absoluta, podrán insultar y agredir al profesor, montar fiestas de “botellón” y adquirir drogas con la misma facilidad que antes se adquirían “pipas” o “chuches”. Tendrán acceso gratuito a anticonceptivos y podrán abortar sin el conocimiento ni el permiso de sus padres o tutores. Eso sí, no podrán entrar en un bar para tomarse un «cubata», ni en un estanco para comprar una cajetilla de tabaco. Con la Iglesia hemos topado. Eso queda para cuando sean mayores de edad. Para cuando ya no puedan sacarse de encima la condición de bonsais porque nunca podrán ser conscientes de ella.

¿Nadie va a detener este desatino?


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