Pegarle a un profesor0

Lectures (319) 04/02/2010, 09:38  |  Faro de Vigo. Carlos Suárez Mira/Profesor titular de Derecho Penal

El respeto a la autoridad en España pasa por horas bajas. Y no me refiero ahora a la autoridad con mayúsculas, entendida como el legítimo ejercicio del poder –que tampoco vive su mejor momento–, sino a una mucho más cercana: la autoridad del maestro. Tienen mucho mérito los profesores de nuestros hijos cada vez que se suben a la tarima para formar a los ciudadanos del futuro, pues el reconocimiento de su labor está en franco retroceso en esta sociedad materialista que sólo adora al becerro de oro, y ello, aunque ese becerro ya haya embestido y derribado a más de uno.

Es triste constatar cómo algunos aún no se han dado cuenta de que el progreso y bienestar de una comunidad es directamente proporcional a su nivel de formación, y no sólo a la formación académica, sino también, y sobre todo, a la ética y a su nivel de compromiso con los valores democráticos entre los que se halla, obviamente, el respeto a los demás y a la propia autoridad. Por eso, a quienes intentan con más vocación que apoyos inculcar esos valores a los más pequeños, debemos estarles muy agradecidos.

No parecía estarlo mucho esa madre de familia a quien el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha condenado a un año de prisión por agredir a la profesora de su hijo, un angelito que a su vez había sido ya trasladado de centro porque en el anterior no había tenido mejor ocurrencia que propinarle una patada a su maestra y producirle el desplazamiento de una vértebra. Aunque la criaturita ya venía avisando de cuál era su escala de valores, su condescendiente progenitora se presentó muy alterada en el colegio con la excusa de que habían pegado a su hijo, enfrentándose con una profesora a la que golpeó e insultó repetidamente delante de otras madres y niños. Era esa su particular concepción de la educación para la ciudadanía.

Por fortuna, y aunque en principio se instruyó un procedimiento siguiendo los trámites del juicio de faltas, posteriormente se suspendió y fue transformado en diligencias previas para perseguir lo que, a juicio de la acusación particular, constituía en realidad un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Hay que advertir que entre los juristas hay diversidad de opiniones, pues al docente algunos le niegan la especial protección que confiere el tipo de atentado (art. 550 del Código Penal), por interpretar que el bien jurídico que se protege es el orden público entendido como la tranquilidad o paz en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana, limitando por tanto la tutela penal a la actuación de las autoridades y funcionarios encargados de preservarla. Sin embargo, si consideramos que el orden público se vincula con el libre ejercicio de los derechos y deberes fundamentales y que lo tutelado no es tanto el principio de autoridad como atribución personal de quien la ejerce como las funciones públicas desempeñadas por las personas a las que ampara, no resulta en absoluto descabellado conferirle al profesor (y también al profesional sanitario, dicho sea de paso) esa especial protección. De hecho, y aunque existe la falsa creencia de que la sentencia dictada por el juzgado malagueño es pionera en ese reconocimiento, lo cierto es que existen numerosas resoluciones judiciales de Audiencias Provinciales que lo sostienen, como también lo hace el Tribunal Supremo, al menos desde 1991 en que fue condenado por ese delito un alumno de Medicina que agredió a su catedrático de anatomía con ocasión de presidir éste un tribunal que lo examinó (y por lo visto suspendió).

Desde luego, ese es el camino. Una sociedad madura y moderna no puede tolerar que se ponga en entredicho el ejercicio de la función pública en ninguna de sus múltiples variables de intervención, sea en la órbita de la preservación de la seguridad pública o en la mucho más amplia de la actividad prestacional de la Administración (educación, sanidad, asistencia social, etc.). La susodicha madre no sólo agredió con su acción el cuerpo de la maltrecha profesora sino la dignidad de la función pública.


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