¿Será la autoridad docente una cuestión territorial?

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665 04/03/2010, 09:29 Andalucíaeduca. E.Navas/M.Oñate #LOE, #Autoritat pública,

La Generalitat Valenciana pretende otorgar a los docentes, por ley, el reconocimiento de autoridad pública, para que obtengan una "adecuada defensa jurídica" en los procedimientos abiertos ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, y para que cuando desempeñen competencias correctoras o disciplinarias, los hechos que constaten gocen de "presunción de veracidad".

El Gobierno de Francisco Camps sigue, de este modo, los pasos de la Comunidad de Madrid, primera administración autonómica que anunció la promulgación de un norma al respecto que provocó las más diversas reacciones. El debate, sin embargo, se promete intenso, pues a las objeciones y apoyos manifestados por sindicatos, partidos políticos, asociaciones de padres y madres, y otras entidades, se suma ahora la incertidumbre creada en el seno del colectivo docente al plantearse la posibilidad de que con este tipo de iniciativas legislativas, los maestros y profesores puedan tener distinta consideración desde un punto de vista jurídico -algo que rechazan los expertos en la materia- dependiendo de la región en la que realicen su labor.

Según informó el conseller valenciano de Educación, con el borrador del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, "se recoge definitivamente en un texto legal, con mayor rotundidad y precisión que en el decreto, el carácter de autoridad pública" de los equipos directivos y de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se contempla la extensión del ámbito de esta medida "a todo el sistema educativo financiado con fondos públicos, es decir también a los centros concertados". La idea, incidió Alejandro Font de Mora, es regular "el hecho de que, dentro de este margen de autoridad, se reconozca al profesorado la importancia social que tiene".

Para la Generalitat, la finalidad del texto es la de "garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en los centros públicos y concertados, la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado". Además, se pretende fomentar la participación de los profesionales de la enseñanza en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula, y asegurar el "reconocimiento" y "respeto" de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, se reconoce la necesidad de que los profesores reciban un trato "adecuado" y puedan desarrollar su labor en un ambiente apropiado, "donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral".

La responsabilidad de los chavales

En cuanto a los estudiantes, el borrador impone la obligación de la subsanación de los daños que puedan infringir a los miembros de la comunidad educativa, a los centros o al material. En los casos de agresión física o moral a los docentes, "se deberá reparar este daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos", que se concretará mediante resolución de la dirección del colegio o instituto. Estos hechos se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.

Tanto ANPE como CSI-F se han mostrado de acuerdo con los términos que contempla la futura ley valenciana, mientras que CCOO-PV considera que esta cuestión "se debería plantear a nivel estatal en el marco del Pacto Educativo, huyendo de personalismos estériles". A juicio de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, el texto "es claramente insuficiente desde el punto de vista legal, ya que no modifica el Código de Justicia Penal". "Sin esa modificación, el Ministerio Fiscal puede o no hacer caso de una normativa autonómica, y por ello el personal de privada seguiría quedando fuera del paraguas legal". Ante estas hipótesis, el sindicato se pregunta "por qué no piden la modificación del Código Penal actual", al tiempo que sostiene que "cambiar la denominación de las responsabilidades sin aumentar los recursos destinados a solucionar los problemas como la coordinación con la administración municipal y aumento de refuerzos educativos, no son más que medidas publicitarias".

El PSOE, contra la ley de Aguirre

Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid mantiene su lucha contra la futura Ley de Autoridad Pública del Profesor elaborada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, por contemplar lo que el PSOE estima algunos puntos "ilegales" respecto a la vulneración de competencias estatales. "Consideramos que hay aspectos que no tienen ni marco legislativo autonómico ni tienen posibilidad de aplicación. Por tanto, estudiaremos las posibilidades de recurrirla en su caso", indicó Maru Menéndez.

El también socialista Adolfo Navarro argumentó que las normas estatales ya recogen la autoridad pública para los funcionarios docentes, y que la presidenta de la Comunidad lo que ha hecho es extender este concepto "sin tener competencia para ello a los concertados y privados cuando es imposible que ella regule ese tema".

Quien sí ha brindado su apoyo a las iniciativas emprendidas en Valencia y Madrid (gobernadas por el Partido Popular) ha sido el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, quien si bien respalda este tipo de medidas, también cree que son insuficientes, porque, a su juicio, lo que los docentes necesitan es una norma orgánica que regule la situación del colectivo a nivel nacional. Además, el diputado señaló que aunque ambas decisiones están "cargadas de buena voluntad", a nivel penal, "no son efectivas y serán insuficientes" si no se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE); reforma que propuso el PP el pasado mes de octubre, pero que no salió adelante al obtener tan sólo el visto bueno de UPyD.

¿Qué ocurre a nivel estatal?

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al conocer a mediados de septiembre de 2009 el propósito del Ejecutivo madrileño de aprobar su propia Ley de Autoridad del Profesor, advirtió de que una normativa como esa a nivel estatal debía ser debatida previamente en el seno del Pacto Social y Político por la Educación. Además, subrayó que dotar a los profesionales de la enseñanza de la condición de autoridad pública tendría unos efectos administrativos y legales que requerían una "profunda reflexión".

Poco después, el Congreso de los Diputados rechazaba una propuesta del PP para regular la autoridad docente mediante una ley orgánica. Gabilondo, entonces, habló de que entre sus propuestas para el Pacto Educativo se incluiría "apoyar y reforzar la labor del profesor, promover su reconocimiento y su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, proponía la realización de campañas para aumentar la consideración social del profesorado.

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