Los trabajadores públicos cobrarán un 50% menos si enferman

Los trabajadores públicos cobrarán un 50% menos si enferman0

743 05/10/2012, 11:28 La Vanguardia. RAQUEL QUELART #Salut laboral,

Ni una intervención quirúrgica de urgencia, ni un ataque de apendicitis, ni una tuberculosis, ni siquiera un cáncer. Cualquier empleado público, ya sea maestro, médico, enfermera o auxiliar de geriatría, que caiga enfermo dejará de percibir un 50% de su retribución salarial durante los tres primeros días que cause baja y desde entonces hasta el vigésimo día, un 25%. Y es que a partir del 15 de octubre empezará a aplicarse el artículo 9 del Real Decreto 20/2012 aprobado por el Ejecutivo español. La norma abre la puerta a que los gobiernos autonómicos complementen desde el inicio de la baja la prestación que corre a cuenta de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% de la retribución siempre que esté “debidamente justificado”.

Tras conocerse el decreto en agosto, los sindicatos y la Administración catalana se sentaron a negociar con el fin de estudiar de qué modo se materializaría la nueva ley. “Hemos intentado conseguir los topes máximos fijados por el decreto, ya que de no haber llegado a un acuerdo, los empleados públicos se hubieran quedado sin sueldo los tres primeros días de la incapacidad temporal, cobrarían un 60% del cuarto al vigésimo día y un 75% hasta la fecha en que volvieran a incorporarse al trabajo”, explica Sílvia Cegarra, coordinadora del sector Generalitat de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de CC.OO. Cegarra hace referencia a las prestaciones que cubre el Régimen General de la Seguridad Social al que se acogen miles de trabajadores en España y lo que hubiera entrado en vigor si no se hubiera llegado a un pacto con la Generalitat.

El responsable de la Generalitat de UGT, Xavier Casas, asegura que con este nuevo recorte los trabajadores públicos “pasarán a estar en el rango bajo de protección por enfermedad”. Y es que, según este sindicato, firmante también del acuerdo, el 62% de convenios colectivos del sector privado contemplan una cobertura de hasta el 100% del salario en caso de incapacidad temporal.

Por su parte, la Generalitat aceptó en la negociación sindical enmendar la ley 5/2012, del 20 de marzo, por el cual los trabajadores públicos que estén de baja más de 90 días cobran un 25% menos de sueldo, incluso en los casos de mujeres embarazadas. “El empeoramiento de estas condiciones no justifica la mejora”, considera Rosa Canyadell, portavoz de USTEC, sindicato de docentes que se ha negado a ratificar el acuerdo.

Los únicos empleados que necesiten una baja laboral a los que el Gobierno catalán no tocará el sueldo son las mujeres embarazadas, las víctimas de violencia de género y los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral, pese a que el decreto considera “debidamente justificados” los casos de hospitalización e intervención quirúrgica. Para estudiar posibles excepciones a la regla los sindicatos y la Generalitat han pactado constituir una comisión de expertos, aunque su creación podría retrasarse debido a la disolución del Parlamento por la convocatoria de nuevas elecciones. Esto significa que de entrada solo se conservará la retribución a los empleados públicos que se encuentren en los tres supuestos anteriormente mencionados.

Fuentes del Departamento de Governación y Relaciones Institucionales han declarado a La Vanguardia.com que el motivo por el cual solo se aceptaron estas tres excepciones es porque "hay miles de patologías diferentes y discernir unas de otras podía generar desigualdades de trato y algunas paradojas".

No obstante, el Gobierno catalán y el grupo parlamentario del PSC llevaron el decreto al Consejo de Garantías Estatutarias , en el cual también se reglamenta otras cuestiones, como las incompatibilidades en las retribuciones a ex altos cargos. El dictamen de esta institución de la Generalitat concluyó que la norma “vulnera” las competencias de la Administración catalana. “Es una medida gravísima impuesta desde el Gobierno estatal con muy poca resistencia a la hora de defender a los trabajadores por parte del Ejecutivo catalán, que aplicará el decreto sin contemplaciones”, se queja Xavier Casas.

Docentes y personal sanitario, los más vulnerables

Los sindicatos lamentan que el decreto no tenga en cuenta a los colectivos más expuestos a los contagios, como los médicos, enfermeras, maestros y profesores. Rosa Canyadell sostiene que “las bajas del profesorado son más cortas por este motivo”, por lo que “saldrán más perjudicados”. En este sentido hace hincapié en que esto pueda provocar que los docentes “vayan a clase con virus para evitar ver su sueldo reducido y que contagien a los alumnos”, que las enfermedades y postoperatorios se acaben “complicando” y que la recuperación “sea más larga”. Para Canyadell es “una gran coacción” al profesorado ya que “tendrá que ir a trabajar con fiebre y enfermo”, a lo que se suma el hecho de que a partir de este curso no habrá docente sustituto en las aulas hasta el décimo día de baja del titular de la plaza. A su parecer, esto comporta “un doble ahorro” para las arcas públicas.

Por su parte, Médicos de Catalunya considera que “dentro de la desgracia” es una legislación “más justa” de la que hasta ahora estaba vigente en el territorio catalán – refiriéndose a que desde marzo los empleados públicos que estén más de 90 días de baja cobran un 25% menos, medida que el acuerdo sindical ha logrado eliminar- . “La Administración consigue su objetivo de ahorro perjudicando un poco a todos pero no a los que realmente lo necesitan, el personal con incapacidad temporal de larga duración”, comenta el secretario general del sindicato Francesc Duch.

La rebaja salarial a funcionarios en situación de incapacidad temporal se traducirá en un ahorro de 1.023 millones de euros en tres años -183 millones en 2012, 426 millones en 2013 y 414 millones en 2014-, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas como exigencia para conseguir la estabilidad económica en España.

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